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Vivienda endurece las medidas contra la especulación inmobiliaria:Todos los intermediarios inmobiliarios deberan contar con un seguro de responsabilidad civil Las sanciones, que podrían llegar a los 30.000 euros, servirán para acabar con los abusos ...

El Ministerio de la Vivienda ha acelerado sus trabajos para cerrar antes de final de año una norma con la que luchar contra la especulación y las prácticas abusivas en la intermediación inmobiliaria. Un texto, cuya fórmula legal está aún por definir, mediante el que se obligará a los intermediarios a inscribirse en un registro público y a contratar un elevado seguro de responsabilidad civil. El objetivo de María Antonia Trujillo, que trabaja en colaboración con los agentes de la propiedad y el resto del sector, es multiplicar la seguridad jurídica de los ciudadanos y evitar muchos de los problemas que sufren hoy quienes caen en manos de mediadores sin escrúpulos. En caso de incumplimiento reiterado, las sanciones podrían llegar a los 30.000 euros, según fuentes del sector. Los últimos escándalos vinculados al «ladrillo» y los problemas desatados entorno a la MULTIPROPIEDAD han colmado el vaso. La nueva norma servirá para desarrollar la ley con la que el anterior Gobierno liberalizó el sector en 2003. Ese texto abría la actividad a «personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad». «No se trata de volver al régimen anterior, ni de exigir un título determinado a los que intervengan en la compra-venta de un piso, pero sí de que los ciudadanos tengan la máxima seguridad posible», apuntan fuentes gubernamentales. La propia Trujillo se ha referido en numerosas ocasiones a este problema de una forma muy gráfica: «No es posible que en España una persona gane con una sola llamada de teléfono más dinero que un trabajador a lo largo de todo el año; como tampoco es posible que sea más fácil vender una casa que una lechuga». Desde el Gobierno se resalta que no sólo las autoridades consideran urgente la intervención, sino que los propios agentes de la propiedad inmobiliaria (API) la entienden imprescindible. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de API, Santiago Baena, se muestra claro. «No queremos echar a nadie de la profesión, pero todos los días vemos auténticas barbaridades por parte de muchos aprovechados y no puede haber de ningún modo jugadores con las cartas marcadas», afirma. Email información consumidor ACAMA: correo@afectadosmultipropiedad.com