CONDENA PENAL JUICIO MULTIPROPIEDAD MALAGA
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Tema JUSTICIA


Hoy ha comenzado en la Audiencia de Málaga el juicio a una banda formada por trece personas de distintas nacionalidades acusadas de una de las mayores estafas mediante el sistema de multipropiedad. La organización actuaba desde Fuengirola, aunque podría haber muchos más solo trescientos perjudicados reclaman en este proceso judicial. Finalmente, según ha explicado uno de los abogados que representa a 159 afectados, de los 300 que hay, se ha llegado a un acuerdo con el fiscal por el que se condena a 10 acusados: 6 de ellos han sido condenados por estafa continuada y cuatro de ellos por asociación ilícita. En total 10 condenados, aunque en un principio eran 18 los acusados, pero uno ha fallecido y siete están declarados en rebeldía.

Por estos delitos, los acusados tienen una pena de 2 años (los condenados por estafa continuada) y una pena de un año (los cuatro condenados por asociación ilícita), pero ninguno irá a la carcel. Para los primeros, la multa es de 1.080 euros, y para los segundos, de 1440 euros. También se les condena a todos al pago de responsabilidad civil por el dinero que fue entregado por los perjudicados, el cual, según dicho abogado, ascendió a un montante global de unos 500.000 euros. El representante de estos perjudicados ha indicado que las cantidades que entregaron éstos son "pequeñas", rondando los 1.200 euros, lo que ha hecho que en muchos casos "no hayan denunciado", aunque ha destacado la "valentía" de los que sí lo han hecho. Asimismo, se ha mostrado seguro de que "hay muchos más afectados". En este sentido, ha subrayado que "se confirma la existencia del delito de estafa porque han reconocido los hechos y no queda impune este tipo de actos", al tiempo que ha precisado que ha sido un procedimiento "lento", aunque ha insistido en que "las armas del sistema judicial han tenido su fruto". Bajo el amparo de una sociedad real, una denominación ficticia y manejando listados de titulares de derechos o semanas de aprovechamiento de tiempo compartido en la Costa del Sol, los acusados establecían un contacto telefónico a través de teleoperadores, «ofreciéndoles la gestión de la venta de su "timeshare" a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía», explica ba el fiscal en su escrito de acusación provisional previo al juicio. Para realizar dicha operación ficticia en la que garantizaban el pago del precio, los acusados exigían como condición previa el envío de una determinada cantidad de dinero a los clientes, a los que enviaban abundante documentación informativa, notarial y administrativa para dar apariencia de legalidad al negocio. ACAMA: correo@afectadosmultipropiedad.com





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