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El fiscal ha fijado indemnizaciones por valor de más de dos millones de euros para cerca de 140 familias que resultaron perjudicadas en "un timo de reventa" de casas en régimen de multipropiedad, organizado desde Denia. El fiscal ha fijado indemnizaciones por valor de más de dos millones de euros para cerca de 140 familias que resultaron perjudicadas en "un timo de reventa" de casas en régimen de multipropiedad, organizado desde Denia (Alicante), y cuyo pago deberán hacer frente las siete personas acusadas por este delito. Para estas últimas, el Ministerio Fiscal pide nueve años de prisión para cada una de ellas por los delitos continuados de falsedad de documento mercantil y estafa agravada. La vista oral por esta causa se celebrará a partir de mañana, con una previsión inicial de seis jornadas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante. Según el escrito de acusación pública, los acusados, "con el fin de lograr su propósito criminal", establecieron una estructura empresarial de seis mercantiles, cuyo objeto social era la captación de clientes para la transmisión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o en régimen de tiempo compartido (multipropiedad).

Dos de estas empresas fueron constituidas con el único propósito real, afirma el fiscal, de "dar apariencia de compra de las semanas de los clientes que captaban las cuatro mercantiles restantes". Los acusados contactaban con los perjudicados, aprovechando en la mayoría de los casos sus vacaciones en Denia, con propietarios de inmuebles en régimen de "multipropiedad", mayoritariamente franceses. Para ello, obtenían la información sobre estas últimas personas a través de una asociación que agrupa a nivel mundial a propietarios de este tipo de inmuebles para intercambio de sus semanas. A las víctimas se les proponía la compra de una o varias semanas de multipropiedad de las que ya son propietarios y, de modo simultáneo y por el mismo importe, la venta de una o varias semanas en los distintos inmuebles que las citadas mercantiles regentan. En los contratos que los acusados establecían se hacía constar que la operación de cambio de semanas se realizaría de forma simultánea. A través de la mediación de estas mercantiles, en la que utilizaban falsos contratos o simulaban ser clientes potenciales, los ofertantes de sus semanas abonaban una cantidad de dinero "en concepto de garantía" a cambio de adquirir semanas de estancia a otros propietarios de inmuebles regidos bajo esta misma situación. Sin embargo, tras abonar la cantidad, recibían a los pocos días un comunicado donde se les decía que habían surgido problemas con la venta de sus semanas pero, en el caso de no poder resolverlos, se les devolvería el dinero, hecho que posteriormente no sucedía. Cuando los clientes intentaban contactar con las mercantiles, éstas no contestaban y habían desaparecido de sus domicilios sociales, según señala el escrito del fiscal.