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Despojado de viejas etiquetas que lo vinculaban a prácticas engañosas, el "time sharing" ha ido poco a poco perdiendo representatividad en Canarias, y sobre todo en Tenerife, donde hace años se llegó a articular una de las "bases operativas" de este sistema de alojamiento a nivel internacional. No obstante, después de permanecer algunos años fuera de foco, en las últimas semanas ha vuelto otra vez a escena de la mano de la polémica, a partir de la inclusión de una cuestionada enmienda en la tramitación en el Parlamento autonómico de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, a partir de la cual se pretende descatalogar los complejos de multipropiedad como establecimientos turísticos.

La enmienda de la discordia hizo su "aparición estelar" a principios de marzo durante el debate de las propuestas elevadas por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en la ponencia que trabaja en el texto de esta norma, cuando, tras un rocambolesco acto en tres tiempos en el que se incluyó, se retiró y finalmente se ratificó. Así, pese a encontrarse en una especie de "limbo" reglamentario en el que Gobierno y oposición no consiguen ponerse de acuerdo, todo apunta a que seguirá su curso en la próxima Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, prevista para el 13 de abril. Al respecto, el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Manuel Fajardo Palarea, sostiene que la susodicha enmienda número 46 de modificación y adición a la disposición derogatoria "no se ha retirado por la sencilla razón de que no está permitido hacerlo durante el trámite de ponencia, lo mismo que tampoco se podría incluir en esa fase". De hecho, Fajardo recalca que "ni siquiera tiene cabida su inclusión a través de un voto particular, una fórmula que sólo es factible después de que tenga lugar la comisión correspondiente". Al margen de interpretaciones procedimentales y de sus vericuetos normativos, lo que subyace en la eliminación de los apartados E y H del artículo 32.1 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias es una liberación del "corsé" al que este tipo de establecimientos están sujetos por el régimen de excepcionalidad de las directrices y, por tanto, "al no ser considerados como actividad turística, se les daría vía libre para la construcción de más camas", argumenta el diputado socialista. Por su parte, en respuesta a las críticas del PSOE, la Consejería de Turismo del Ejecutivo canario, defiende la "inocuidad" y alega que "en ningún modo la derogación de estos apartados afectará al régimen de autorizaciones de estos establecimientos". En esta línea, la titular del departamento autonómico, Rita Martín, asevera que "lo que se pretende es una mejora técnica del articulado de la ley sin que repercuta a su regulación actual", que, a su juicio, "se mantendría intacta y estarían plenamente sujetos a las disposiciones que la Ley de Medidas Urgentes, o cualquier otra norma, establezca en relación a cualquier apartamento y hotel con independencia de su régimen de explotación". Sin embargo, Fajardo arguye que "no tiene sentido que la Consejería esgrima que la modificación de este artículo no signifique absolutamente nada, porque si así fuera no haría falta presentar ninguna enmienda". Igualmente, cuestiona el objetivo que pretendían CC y PP "al intentar colarla de soslayo en un renglón escondido de una enmienda presentada a última hora que además contiene cuatro disposiciones". No en vano, sostiene que "tanto es así que había pasado inadvertida hasta que el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC) se dio cuenta" de la maniobra y sus posibles repercusiones. En similares términos se pronuncia el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), José Fernando Cabrera, que confiesa que con tanto "vaivén parlamentario" desconoce si la enmienda sigue adelante o no. En cualquier caso, precisa que "si bien todas las propuestas que se presentaron tenían relación con aspectos que estaban en discusión, en este caso surgió de repente, sin que aparentemente nadie lo hubiera solicitado". En cuanto a su contenido, Cabrera afirma que "la patronal hotelera está en contra de que se descatalogue el tiempo compartido como producto turístico", dado que, a su modo de ver, provocaría que "los establecimientos quedaran exentos de cumplir con una serie de requisitos de la ley de turismo como estar sometidos al control de la Inspección Turística, lo que, a su vez, significaría perder un montón de garantías para el comprador y una puerta abierta para que se repitan las estafas". Así pues, destaca que se resentiría la calidad y pondría en peligro la prestación de algunos servicios tan básicos como el de recepción o contar con una piscina en el complejo, que se podrían obviar con esta modificación en la Ley de Medidas Urgentes.